Activista Deiby Martínez exige aplicar con rigor la Ley Lorenzo en defensa de los perros de vigilancia
Desde el año 2025, Colombia cuenta con una normativa fundamental en materia de bienestar animal: la Ley 2454, conocida como Ley Lorenzo. Esta norma regula el empleo de perros en tareas de vigilancia, control vehicular y seguridad privada, buscando garantizar mejores condiciones para estos animales.
Uno de los aspectos más importantes de la ley exige que, durante inspecciones caninas, los conductores apaguen el motor del vehículo. Esta disposición busca reducir el impacto del ruido, la vibración y el calor, factores que pueden afectar gravemente la salud de los perros, provocándoles incluso quemaduras o altos niveles de estrés.
El incumplimiento conlleva una sanción de $711.750, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales. Esta obligación aplica a toda persona que conduzca en el territorio nacional. Las instituciones como Policía, Ejército, bomberos o la Cruz Roja también deben adecuar los entrenamientos y las condiciones de operación a los estándares exigidos.
Deiby Martínez: “La ley debe cumplirse, no adornar el papel”
El activista y defensor de los derechos animales Deiby Martínez Cortés, fundador de la ONG Protección Canina Mundial, hizo un llamado a respetar y hacer cumplir la Ley Lorenzo:
“No es una norma simbólica: está en juego la salud y el respeto por la vida. Cada perro guarda a quienes nos cuidan. Los conductores y las entidades deben asumir esta responsabilidad sin excusas”, afirmó.
Desde su organización se promueven diversas estrategias para asegurar su implementación efectiva:
- Sensibilización directa a conductores e instituciones que operan puestos de control.
- Establecimiento de redes de vigilancia ciudadana para denunciar faltas.
- Difusión de contenidos pedagógicos en plataformas digitales, parques y terminales.
- Exigencia a autoridades de tránsito para que las sanciones sean ejecutadas, no solo reglamentadas.
El impacto y los desafíos
La Ley Lorenzo no solo representa una norma técnica. Impone también estándares exigentes en el trato de los caninos: desde el registro y control de horarios de trabajo hasta condiciones de transporte, tiempo de descanso y retiro digno. Sin embargo, su éxito dependerá de su aplicación efectiva.
El papel de organizaciones como la dirigida por Deiby Martínez resulta crucial para que la ley no se convierta en letra muerta. La vigilancia ciudadana y el compromiso institucional deben caminar de la mano para que esta política pública se transforme en bienestar real para los animales que prestan servicios fundamentales.
El camino apenas empieza. Pero gracias a voces como la de Martínez Cortés, el cumplimiento de la Ley Lorenzo se convierte en una exigencia social y ética, más allá de la multa.
