En un giro histórico para la justicia ambiental y los derechos animales en Colombia, Neiva Noticias revela que un juez admitió la tutela interpuesta por Deiby Martínez, activista y exconcejal de Neiva, contra Tecnoquímicas S.A., uno de los gigantes farmacéuticos del país. El caso —el primero en su tipo— busca obligar a la multinacional a transparentar información sobre posibles efectos nocivos de sus medicamentos veterinarios en perros, tras denuncias de dueños que vinculan estos fármacos con enfermedades masivas en mascotas. La decisión judicial marca un precedente para exigir responsabilidad corporativa en un sector tradicionalmente opaco y refuerza el rol de Martínez como pionero en la defensa legal de los animales en Colombia.

El Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de conocimiento de Neiva admitió la primera acción de tutela en Colombia contra la empresa Tecnoquímicas S.A., interpuesta por el activista animalista Deiby Martínez Cortés, por presunta vulneración al derecho fundamental de petición.

La tutela fue radicada luego de que la empresa se negara a entregar información crucial sobre la calidad, eficacia, seguridad y regulación de los medicamentos veterinarios que produce, importa y distribuye en todo el país. La solicitud original fue presentada el 12 de marzo de 2025, y la respuesta de la empresa, entregada el 3 de abril, se limitó a negarse argumentando secreto empresarial, sin remitir un solo documento ni proporcionar síntesis, resúmenes o rutas de acceso público.

¿Qué es Tecnoquímicas S.A. y por qué esta tutela importa?

Tecnoquímicas S.A. es una de las farmacéuticas más grandes e influyentes de Colombia. Su línea veterinaria incluye productos de uso diario como antibióticos, antiparasitarios, antiinflamatorios, analgésicos, suplementos y tratamientos crónicos, administrados a miles de perros en clínicas, refugios, hogares y centros de rescate animal.

La negativa a entregar información técnica y sanitaria sobre estos medicamentos —fichas técnicas, estudios de efectos adversos, auditorías, licencias, sanciones o demandas— representa una amenaza directa a la salud animal y al derecho de los ciudadanos a ejercer control sobre productos que impactan la vida de seres sintientes.

¿Qué se solicitó en el derecho de petición?

El derecho de petición radicado el 12 de marzo de 2025 solicitó con claridad:

1. Composición y seguridad de medicamentos veterinarios:

• Fichas técnicas, estudios de eficacia y estabilidad

• Reportes de efectos adversos y pruebas microbiológicas

2. Cumplimiento regulatorio y licencias:

• Licencias del INVIMA e ICA

• Registros sanitarios y protocolos de calidad

• Historial de auditorías y sanciones

3. Aspectos contables y tributarios:

• Declaraciones de renta y estados financieros auditados

• Registros de pagos ambientales, sanitarios y contratos de insumos

4. Historial de quejas, denuncias y procesos legales:

• Demandas, sanciones, procesos activos y fallos judiciales relacionados con sus medicamentos

La empresa no entregó ni uno solo de estos documentos, escudándose en una supuesta reserva empresarial, sin aplicar el principio de proporcionalidad, ni ofrecer alternativas informativas, lo cual constituye una violación del derecho fundamental de petición.

Una acción valiente sin precedentes

Con esta demanda, Deiby Martínez se convierte en el primer ciudadano en Colombia en atreverse a colocar contra las cuerdas a gigantes empresariales que durante décadas se han creído intocables. Esta tutela busca romper con la impunidad técnica y abrir las puertas a la vigilancia ciudadana sobre el sector veterinario industrial.

“No se trata solo de mí. Se trata de los millones de perritos que no pueden defenderse solos. Si estas empresas no tienen nada que ocultar, que hablen con claridad. El silencio no es una opción cuando hay vidas en juego”, afirmó el activista.

La jueza María del Pilar Ochoa Jiménez admitió la tutela el 12 de mayo de 2025, y ordenó correr traslado a la empresa y a las siguientes entidades: INVIMA, ICA, DIAN, Superintendencia de Industria y Comercio, y Superintendencia de Salud, por tratarse de un asunto de evidente interés público.