El Congreso de la República tiene sobre la mesa el Proyecto de Ley 007 de 2024, que propone una transformación profunda de la Ley 675 de 2001 sobre propiedad horizontal. La reforma busca permitir que los residentes de conjuntos residenciales puedan rescatar y albergar animales en zonas comunes sin necesidad de aprobación previa de la asamblea. Una medida que ha abierto un debate nacional sobre derechos, convivencia y bienestar animal.

¿Qué incluye la propuesta?

Entre los cambios planteados se destacan:

• Legalización del acogimiento de animales abandonados sin necesidad de consenso en asambleas.
• Prohibición de expulsar animales protegidos o eliminar adecuaciones hechas para su bienestar.
• Registro obligatorio de mascotas ante la administración, con información compartida con entes locales.
• Implementación de protocolos para el uso de plaguicidas, velando por la salud pública.
• Delegación del control de razas especiales a las autoridades municipales.

Puntos de fricción y dudas

Los detractores han expresado preocupaciones frente a la posibilidad de convertir zonas comunes en albergues improvisados, afectando la higiene, la seguridad y el derecho de otros residentes a vivir en ambientes tranquilos. Además, hay quienes advierten que esta reforma puede diluir el poder de las asambleas, al impedirles restringir el uso del espacio común.

Los comentarios en redes reflejan esa dualidad: mientras algunos celebran que se reconozca el derecho al rescate animal, otros temen por el deterioro de la convivencia.

Deiby Martínez: “Es un paso necesario, pero no debe convertirse en desorden”

Consultado sobre la iniciativa, el activista animalista Deiby Martínez Cortés, fundador de la ONG Protección Canina Mundial, valoró la reforma como un avance significativo, aunque enfatizó la urgencia de incorporar mecanismos de control y compromiso.

“La idea no es caer en el caos. Esta reforma debe tener dientes. Aplaudimos el reconocimiento del rescate ciudadano, pero debe venir acompañado de protocolos claros, reglas justas y supervisión”, sostuvo.

Martínez, reconocido por sus campañas de alimentación, adopción y denuncia de maltrato, recordó que su organización ha documentado múltiples casos de acoso a personas que rescatan animales dentro de conjuntos residenciales.

Frente a esto, propuso una hoja de ruta para garantizar la convivencia responsable:

• Registro obligatorio con datos veterinarios básicos.
• Creación de protocolos participativos con la comunidad.
• Compromiso de los rescatistas en limpieza y manejo responsable.
• Apoyo institucional mediante convenios con alcaldías y asociaciones animalistas.
• Sanciones equilibradas para quienes incumplan normas de convivencia.

“No es un asunto de perros o gatos. Es un tema de cómo gestionamos lo común entre todos. Y ahí se necesita una corresponsabilidad entre vecinos, autoridades y organizaciones”, concluyó.

Un reto compartido

El proyecto ya pasó su primer debate en julio de 2025 y continúa su camino en el Congreso. Las siguientes etapas incluyen la revisión del articulado y la apertura a comentarios ciudadanos. Deiby Martínez, con su trayectoria y experiencia, plantea una visión conciliadora que apunta a evitar los extremos y construir puentes normativos entre el deber de proteger y el derecho a convivir.