El activista animalista Deiby Martínez Cortés, director de la ONG Protección Canina Mundial, elevó un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que acelere la investigación por el caso de Santa, un perro callejero brutalmente agredido en dos ocasiones con líquidos hirvientes y sustancias corrosivas en el sur de Barranquilla. Pese a haber sido rescatado y atendido, Santa murió semanas después producto de las secuelas de las lesiones.

Santa fue víctima de dos ataques consecutivos en marzo de 2025 en el barrio San Luis. En el primero, le arrojaron agua o aceite caliente; días después, una sustancia corrosiva similar al ácido le fue lanzada sobre el cuerpo, afectando cabeza, cuello y lomo. Las imágenes difundidas por los rescatistas mostraron quemaduras profundas que causaron conmoción en redes sociales y medios nacionales.

La Patrulla Animal del Distrito intervino y trasladó al animal a la clínica San Francisco, donde fue atendido durante semanas. Sin embargo, el daño era irreversible. El perro sufrió un cuadro infeccioso severo, deterioro neurológico, pérdida parcial de visión y, finalmente, falleció por paro cardiorrespiratorio en mayo.

Una muerte que no puede quedar impune

Deiby Martínez Cortés criticó el prolongado silencio institucional. “Santa no fue solo una víctima del maltrato, también lo fue de la omisión del Estado. Si dejamos pasar este crimen, estamos diciéndole a la sociedad que la tortura animal no importa”, expresó.

El activista decidió pronunciarse nuevamente ahora, dos meses después de la muerte de Santa, ante la falta de avances en la investigación. Según él, el caso comienza a desvanecerse de la opinión pública, y con ello, la exigencia de justicia.

Impunidad persistente en casos de maltrato

Datos del programa GELMA de la Fiscalía muestran que entre 2019 y 2024 se han iniciado más de 3.000 procesos judiciales por maltrato animal y se han recibido más de 7.500 denuncias. A pesar de ello, las condenas efectivas son mínimas y los procesos tienden a dilatarse.

Hasta la fecha, en el caso de Santa no se ha identificado ni procesado a ningún responsable.

“Estamos cansados de comunicados y excusas. Exigimos resultados: capturas, juicios y sanciones. No queremos más promesas vacías”, manifestó Martínez Cortés.

La Ley Ángel: marco legal, pero sin ejecución real

Desde enero de 2025 rige la Ley 2455, conocida como Ley Ángel, que contempla hasta 56 meses de prisión y sanciones como la inhabilidad vitalicia para tener animales. Además, obliga a las entidades estatales a actuar de manera inmediata en casos de flagrancia.

Pero, según el activista, la implementación sigue siendo débil: “Tenemos las leyes, pero no la voluntad de aplicarlas. Lo de Santa lo demuestra. Y no es un caso aislado. Es el reflejo de un sistema que aún no considera a los animales como sujetos de derechos reales”.

Más allá de Santa, un mensaje social

En lo corrido del primer semestre de 2025, la Patrulla Animal de Barranquilla ha atendido 687 emergencias y realizado más de 3.400 esterilizaciones. Aun así, los activistas coinciden en que estos esfuerzos son insuficientes si no se garantiza justicia en los casos emblemáticos.

“No podemos enviar el mensaje de que agredir, mutilar o matar a un animal no tiene consecuencias. La Fiscalía tiene una deuda con Santa, con nosotros y con todos los seres que no pueden defenderse por sí mismos”, sentenció Martínez Cortés.

Protección Canina Mundial y otras organizaciones reiteraron su exigencia de que el proceso avance formalmente y se logre una sanción ejemplar para los responsables, con el fin de sentar precedentes y evitar nuevas tragedias.